El convenio observado el 12 de diciembre de 2018 por quinta vez incluye cláusulas que obligan al Estado uruguayo a pagarle a tres técnicos y licenciados en ortopedia un sueldo mensual de US$ 600, “garantizar alojamiento y asumir el gasto derivado (de la vivienda) con todas las comodidades y servicios necesarios”, según indican las condiciones del contrato, a las que accedió El Observador
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